Ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 13 de febrero el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

La norma obliga a las grandes empresas- más de 250 trabajadores o una facturación superior a los 50 millones de euros- a someter sus inmuebles a una auditoría energética en el plazo de nueve meses desde su publicación en el BOE.

Sin contadores individuales

Si bien estaba inicialmente establecido en los borradores, en el Real Decreto finalmente publicado se han eliminado las disposiciones que obligaban a los 1,2 millones de edificios con calefacciones centralizadas a instalar contadores individuales.

Esta parte, según explicó el secretario de Estado, se quedará para el próximo Gobierno, habida cuenta de la discrepancia existente sobre su oportunidad: aunque medir los consumos sea básico para ahorrar y la instalación de los contadores sólo iba a ser obligatorio si la inversión se amortiza en menos de tres años, el cambio de la instalación conlleva un coste estimado en unos 70 euros por unidad, que puede ser superior.

En conjunto, según los cálculos de la memoria de impacto del futuro decreto, la colocación de los contadores hubiera exigido una inversión de unos 950 millones durante los primeros cinco años, que habrían permitido un ahorro cercano a los 1.450 millones.

Industria ha comentado en otras ocasiones que no hay unanimidad en la materia en la UE y que la Comisión se estaba planteando retirar la medida en la revisión de la Directiva, ya en curso.

Fuente: eleconomista.es

Acceso al Real Decreto en el siguiente enlace.